El Fracaso de la Ley 12/2023: Un Año de Promesas Incumplidas en el Derecho a la Vivienda

Hace un año, el Gobierno celebró con entusiasmo la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, una norma que prometía garantizar el acceso a un techo digno, frenar los desahucios y regular los precios en un mercado asfixiado por la especulación. Sin embargo, tras doce meses de vigencia, los resultados son desalentadores: la oferta de vivienda ha caído, los alquileres siguen disparados y miles de familias siguen sin poder acceder a un hogar. La norma nació con el objetivo de proteger a los más vulnerables, estableciendo mecanismos como la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas o la priorización de vivienda social. Sin embargo, en lugar de dinamizar el mercado, ha generado un efecto contraproducente: Reducción de la Oferta: Muchos propietarios, ante la incertidumbre regulatoria y los controles de precios, han optado por retirar sus viviendas del mercado de alquiler, derivándolas hacia turismo o venta. Esto ha reducido la disponibilidad, especialmente en grandes ciudades, donde la demanda es más acuciante. Aumento de los Precios: Paradójicamente, en lugar de abaratar el alquiler, la escasez de vivienda disponible ha encarecido aún más los pocos inmuebles en oferta, perjudicando precisamente a quienes la ley pretendía proteger. Falta de Inversión en Vivienda Social: Pese a las promesas, los fondos públicos no han sido suficientes para compensar el déficit de vivienda asequible, dejando a muchas familias en lista de espera indefinida. Un Problema Estructural sin Soluciones Reales El problema de la vivienda en España no se soluciona con parches legislativos, sino con una política integral que incentive la construcción, agilice licencias y promueva la colaboración público-privada. La actual ley, en cambio, ha ahuyentado a los inversores sin ofrecer alternativas viables. Mientras el Gobierno insiste en defender una norma que claramente no funciona, las colas para acceder a una vivienda social se alargan, los jóvenes siguen atrapados en el hogar familiar y los desahucios continúan. Urge un replanteamiento: menos ideología y más pragmatismo, antes de que el derecho a la vivienda se convierta en un privilegio inalcanzable. Un año después, la conclusión es clara: la Ley 12/2023 ha fracasado.